Hay notas que suelen pasar bastante desapercibidas en los medios. Y se entiende. El desabastecimiento de nafta, la inflación, Cristina lamentando su viudez y los abominables crímenes que azotan a nuestra población acaparan toda la atención.
Sin embargo, hay un tema que me desvela. En la edición online del diario La Nación de hoy hay una nota de Ángeles Castro referida al “casco histórico” de nuestra querida ciudad.
¿De qué se trata? De ahora en más, si la ley te incluye en la nueva delimitación, no podrás modificar la fachada del edificio, nadie puede construir algo de más de 32 metros, y no se pueden agregar nuevas marquesinas publicitarias. ¿Y todo esto por qué? ¡Pues claro! Para proteger el patrimonio histórico de la ciudad.
Más allá de la novedad, lo que me llama la atención es la cantidad de simpatías, loas y felicitaciones que esta nota ha suscitado en el grupo de variadísimos comentaristas del diario. Las alabanzas van desde cosas como “Muy auspicioso que haya salido esta ley. Todo lo que vaya en dirección de proteger el patrimonio, vale” hasta reflexiones más trascendentales como “¡Qué buena noticia! Una ciudad que respeta su patrimonio construido, reafirma su identidad” y aún gente que exige profundizar el modelo proponiendo “…hacer algo parecido con ciertos edificios en los barrios…”. En fin, la diversidad en los comentarios sólo va de muy bueno a superfantástico.
Ahora bien, empecemos por definir qué es el patrimonio histórico. ¿A qué se refiere la legislatura porteña cuando habla del APH? ¿Es aquello que ellos, muy expertos todos en construcciones, deciden que debe preservarse y qué puede transformarse en shopping? ¿Y por qué ellos? ¿Quién es el señor Di Stéfano para arrogarse la voluntad de todos y decidir sobre este tema? ¿Quiénes son ellos para decirle a un industrial o emprendedor que su edificio debe tener sólo 32 metros? ¿Dónde está escrito que la función del gobierno es velar por la armonía arquitectónica del territorio?
Por otro lado ¿Qué significan los 192 edificios protegidos que no pueden demolerse y que debe mantenerse la fachada? ¿Quiere decir que, por ley, obligaremos a las personas que legítimamente compraron estos departamentos a incurrir en gastos extra para mantenerlos cuando quizá no tenían pensado hacerlo? ¿Cómo lo pagarán?
¿O será que de ahora en más utilizarán nuestro dinero para que esos propietarios no sólo tengan la fachada bien mantenida sino que (puesto que tienen el mantenimiento subsidiado) el precio de su inmueble se vaya a las nubes? Porque no querría pensar que lo que hay detrás es una nueva empresa que (¡oh, casualidad!) se dedica a mantener edificios antiguos y cuyo único cliente pasa a ser el gobierno porteño.
Y por último ¿por qué tanta gente aplaude la medida? Las razones no las conozco, pero el hecho es que parecen ser muchas.
Entonces, si tanta gente apoya estas ideas, no sería mejor crear la fundación “Preservamos los Edificios que nos Parece que Tienen un Valor Especial”. ¿Cuál es la necesidad de sumarme a mí a la causa cuando no me interesa en lo más mínimo si la calle Florida cambia su fisonomía? ¿No se trata de una imposición arbitraria?
Si queremos tener un gobierno democrático, su esencia debe pasar por el respeto de la voluntad de las minorías. Y ni el patrimonio histórico, ni el crecimiento con equidad, ni la preservación de la cultura pueden aceptarse como excusa para que ese principio se viole.
Es una lástima que el PRO, que desea presentarse como alternativa al fascismo gobernante, incurra sistemáticamente en los mismos errores.
