No es "cepo" es un asalto

Imaginemos un negocio de venta a la calle. Si un día aparece un delincuente armado y se lleva el dinero recaudado del día, “los números” del comerciante mostrarán una pérdida total, como si nadie hubiera pagado por que compró en el día. Gracias al robo, el comerciante entregó bienes sin recibir nada a cambio. Otro fue beneficiario del fruto de su esfuerzo.

Ahora supongamos que aparece una persona que hace una compra por un valor de 10 pesos pero decide unilateralmente pagar 5, cosa que consigue amenazando al comerciante con un arma. ¿Estamos frente a un delincuente igual al del primer caso? En gran parte sí. La única diferencia con el primer ladrón es que el segundo es un ladrón al que le damos lástima y, aunque nos roba, también nos deja “unos mangos para el bondi”.

Esta última situación representa la cara más dramática del célebre “cepo” al dólar impuesto por el gobierno de Fernández de Kirchner. Si bien también es condenable que no dejen a la gente decidir qué hacer con el dinero que gana honestamente, lo más lamentable es lo que se hace con cualquier ciudadano argentino que se dedique a la producción de bienes o servicios exportables.

Si uno está “en blanco”, la manera de cobrar luego de una venta al exterior es mediante el Banco Central. Es decir, si vendemos un producto al exterior por 10 dólares, el comprador extranjero está obligado a entregar los dólares al Banco Central y este luego – por fuerza de ley – entrega pesos al vendedor al tipo de cambio oficial. Ahora bien, con el tipo de cambio oficial a 4 setentaypico, los exportadores están recibiendo 5, cuando deberían recibir 10.

Su producto en el mercado vale 10 dólares y todos en el país están dispuestos a pagar más de 4,75 pesos por cada dólar. De hecho, muchos están dispuestos a pagar más de 6 pesos por cada dólar y nadie que no sea los específicamente autorizados por el gobierno puede comprar dólares al precio oficial (al que el gobierno sí compra). Ergo, cuando a un exportador le pagan arbitrariamente 4,75 pesos por cada dólar que recibe, le están confiscando 33% de lo que produce. El Estado se comporta como el más común de los ladrones, solo que a la víctima le deja unos mangos para el bondi.

Algunos acólitos oficialistas dicen que el gobierno tiene derecho a manejar su “política cambiaria”, pero si política cambiaria significa robo (y lástima), no se entiende que exista alguien que persista en la defensa de esta política.

El robo está mal, acá y en la China. Pero hacerlo con el aval de la ley, desde el estado, y bajo el paraguas de la “política económica” es muchísimo más grave.

"Preferimos que veraneen en el país"

Ricardo Echegaray, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos que le ganó a la inflación porque hizo crecer su patrimonio un 40% y, además, es propietario entre otras cosas de un departamento en Punta del Este, se despachó con una de esas frases candidatas a quedar en la historia.

Pero vamos por partes.

Dado que la “flotación sucia” se le hizo imposible de manejar al Banco Central, ahora es la AFIP la encargada de mantener el dólar en esa “banda” deseada por el gobierno y los “expertos” de la política monetaria.

¿Cómo lo hace? Prohibiendo de facto la compra de dólares.

Sin embargo, en un mundo con cada vez más variantes para el consumo y la compra de bienes, siempre quedan “ventanas abiertas” que se intentan cerrar con nuevas trabas impuestas por la AFIP. (De preguntarse por qué la gente compra dólares mejor ni hablar, es más fácil quedarse con la idea de que todos son unos chicos malos a los que hay que enderezar. A fin de cuentas, para eso sirve el Estado, ¿o no?)

Ahora bien, en su argumentación de la última medida para frenar la salida de dólares del BCRA, el millonario Echegaray explicó que el nuevo impuesto se impone porque él prefiere que los argentinos se queden a veranear en el país.

La frase no extraña ya que esta es la idea detrás de todo tipo de medidas proteccionistas o de “fomento a la industria nacional”. En el fondo, el mensaje siempre es “preferimos que los argentinos compren en el país”.

Ahora la gran pregunta es ¿por qué debería importarnos a los argentinos lo que Echegaray prefiera que hagamos? ¿Si yo prefiriera que él fuera bailarina de Tinelli en lugar de titular de la AFIP, accedería Ricardo a hacerlo? ¿Tiene la población las herramientas para forzarlo a él a hacer lo que a ella le plazca?

Nosotros no pero el gobierno sí y lo que la crudeza de la frase de Echegaray ha puesto de manifiesto es que detrás de las miles de explicaciones técnicas y discursos de maestra ciruela, lo único que se esconde es que los gobernantes a menudo intentan hacer con nosotros lo que ellos “prefieren”…

Y la pregunta frente a esto es ¿cuál es el límite? No lo podemos saber pero arriesgarse a conocerlo parece, como mínimo, demasiado peligroso.

Macristina

Hace poco más de un año, cuando inauguré mi blog con el artículo “La Boheme Vs. Kapanga” planteé la idea de que los progresistas (que festejaban el bicentenario con rock nacional) por un lado, y los conservadores (que conmemoraron el bicentenario con música clásica y la reapertura del Colón) por el otro, se diferenciaban sólo en la superficie pero compartían sus premisas filosóficas básicas. A un año de esa situación, ni la superficie los diferencia.

En el pasado, cuando Macri eligió reabrir el Colón para festejar los dos siglos de la Revolución de Mayo, no dudó en gastar millones de pesos cobrados a la ciudadanía porteña, para refaccionar un teatro que -si bien tiene características aparentemente únicas en el mundo- sólo disfrutan unos pocos.

En contraste, la Presidenta Cristina Fernández se inclinó por financiar actividades más populares como espectáculos de rock que acapararon la atención del público.

Sin lugar a dudas (y más allá que la reapertura del Colón también tuvo su público) los espectáculos de la 9 de Julio fueron mucho más masivos. No obstante, la diferencia entre los dos actos fue sólo superficial ya que, en ambos casos, los dirigentes no dudaron en utilizar dineros públicos, que son de todos, para financiar y proveer la música, el arte y los espectáculos que disfrutan sólo algunos.

Un año después, ni siquiera queda la hipocresía de la diferencia superficial.

Este sábado 11 de Junio, “Los Pericos” (una banda que lleva vendidos más de 2,5 millones de discos) darán un recital con entrada libre y gratuita en el marco de la inauguración del “Distrito Tecnológico” de Parque Patricios.

Así es, como si Steve Jobs, Bill Gates y Mark Zuckerberg hubieran sido productos de la exención impositiva y la planificación municipal, el Gobierno de la Ciudad decidió delimitar un área propicia para que se instalen las empresas “tecnológicas” y, para darse un poco de autobombo, regalarán a los presentes un espectáculo del grupo “Los Pericos”.

Ergo, la pregunta obligada es: ¿Por qué Los Pericos? ¿Por qué no Los Cafres, Nonpalidece, u Otro Mambo? ¿Qué han hecho Los Pericos para que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires los premiemos con los 10.000, 20.000 o 100.000 pesos que cobrarán por su Show? ¿Quiénes son Macri o el Ministro de Cultura Hernán Lombardi para decidir que son ellos mejores que alguna alternativa similar? ¿O acaso se trata de todos pagándoles la fiestita particular a los funcionarios?

Cuando un productor musical elige una banda para financiarla y difundirla, generalmente trata de encontrar una que le guste a la gente. ¿A toda la gente? Sabiendo que eso es imposible, no busca que le guste a todos, pero sí a una cantidad suficiente de modo que pueda hacer un buen negocio. Como colateral, el buen negocio resulta en beneficio para él, para la banda y para todos aquellos que encuentren placer al escucharla.

Cuando el gobierno es el que decide el show del día, el proceso es distinto. En lugar haber un productor que apuesta por un grupo que tiene potencial, lo que hay es un funcionario eligiendo la banda que tiene más potencial electoral –es decir, una banda consagrada que no tiene ninguna necesidad de seguir creciendo. Nada que ver con el aclamado “fomento a la cultura”.

Más aún, cuando el gobierno es el organizador de este tipo de eventos, se termina dando una situación que deberíamos reprobar entre todos:

José, el almacenero del barrio, que muere por la música de Cacho Castaña, paga todos los meses el impuesto a los Ingresos Brutos. Si no tuviera que pagarlo, tendría más dinero disponible que podría destinar ala compra de un nuevo disco de Cacho, comprar un nuevo equipo de música para escuchar mejor los discos viejos, o bien, comprarse una computadora para bajarse de internet la discografía completa en formato mp3.

Sin embargo, el capricho del gobierno, disfrazado de “Agenda Cultural”, se mete en el bolsillo de José (y le impide escuchar a Cacho Castaña) para que un tercero, que José no conoce y a quien no le debe nada, disfrute de un espectáculo que nunca se ganó en base a su mérito, sino que accede a él porque Mauricio aprendió de Cristina que las bandas taquilleras te suben en las encuestas.

Memorias de Gregorio Dagnino Ruiz (I)

Ya sabíamos por Kant que la moralidad estaba en las intenciones. Corría la segunda semana de Junio de 2048. Trabajaba como columnista de “El Heraldo Moral” cuando tuve que viajar a Scelenia a realizar una investigación completa y detallada sobre la gravedad de los hechos que allí estaban sucediéndose.

Luego de veinte años de gobierno del Partido Moralista, el país se encontraba sumido en la pobreza. La violencia era reina de las calles luego de la puesta del sol y la especulación y la avaricia estaban generando enormes hambrunas y escaseces. Para colmo de males, los precios de los pocos artículos disponibles eran inaccesibles.

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A principios del ‘48 los otros dos partidos políticos (aquéllos que perdieran cinco elecciones consecutivas sin alcanzar -sumados- el 25% de los votos) habían firmado el acuerdo más recalcitrante de la historia política mundial. El pacto “Adiós Derechos” era una declaración de principios comunes entre estas dos fuerzas políticas y crearía el Partido de la Injusticia Social (PIS).

Para sorpresa mía y de la Comunidad Internacional toda, el primero de Junio del 2048, el PIS se impuso con el 58% de los votos.

Fue muy fácil para mí, periodista consagrado de más de 25 años de trayectoria y experiencia en mi país y en el mundo, concluir que la elección que había hecho la gente constituía un suicidio colectivo. Recuerdo en detalle algunos de los nefastos puntos del programa de gobierno.
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En un país con un 45% de desocupados, resultaba mínimamente irrazonable no tener un Plan de Empleos y pensar en una victoria electoral. No obstante, el pacto rezaba: “El gobierno no creará ni un solo empleo. Es responsabilidad de cada individuo procurarse la fuente de ingreso que mejor se alinee con sus preferencias y capacidades”. Una declaración de guerra abierta al derecho de empleo del que todo ciudadano debería gozar en una sociedad que quiera llamarse moral.
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Otros principios económicos a adoptar, tenían que ver con el comercio internacional: “No es tarea nuestra proteger ni incentivar la producción nacional. Si un fabricante extranjero decidiera vender sus productos en el país, podrá hacerlo sin restricción le pese a quien le pese”. La soberbia de la frase hablaba por sí sola, ¿quién protegería a los productores de la avanzada competencia? ¡Nadie!, estarían a la buena de dios.
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Peor aún, no sólo se desprotegería a los fabricantes nacionales de los extranjeros, sino que el gobierno estaba decidido a legalizar el abuso y los excesos de parte de los empleadores con sus empleados. “La dignidad del salario la dejaremos a criterio de cada empleado y no nos entrometeremos en las discusiones salariales que ocurran entre él y su empleador”. La opinión púbica mundial reaccionó con vehemencia. ¿Quién le permitió a estos atorrantes hablar de dignidad?
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Sólo continuar leyendo el pacto me producía malestar y una sensación de piedad y compasión por aquéllos pobres individuos que estaban por entrar en las puertas del infierno ¡y ellos mismo lo habían así querido! Los artículos se agravaban, no eran muchos, pero eran devastadores.

No sólo su economía era inmoral. Estos sujetos iban a por todo y arremetieron contra el último bastión de la solidaridad social. Se habían metido con nuestros viejos. “En nuestro país no habrá ‘derechos de la tercera edad’. No es nuestro trabajo garantizar el ingreso o el bienestar de las personas que llegan a edad adulta. Esta responsabilidad es sólo suya y no se harán excepciones”.

Por último, el desconocimiento absoluto de la responsabilidad de la sociedad en la vida de las personas. Una lucha de siglos, destruida en renglones. “El alcoholismo, la drogadicción, así como la obesidad, no son enfermedades sino caminos de acción que los hombres pueden, o no, tomar. No será responsabilidad del gobierno sacarlos del camino incorrecto ni indicarles cuál es el correcto en ningún modo”

¿Qué país podría salir de estos preceptos que parecían escritos por el mismísimo demonio? El reciente gobierno sólo se comprometía a proteger la seguridad física de las personas y al eufemismo de “hacer cumplir los contratos”. ¿Qué tipo de sociedad esperaríamos de semejante atropello a la moral? ¿Qué solidaridad habría en el país regido por este Pacto? ¿Con estas intenciones, cuáles serían los resultados?

El egoísmo reinará. La sociedad se volverá individualista y los Scelenos vivirán en un estado de “sálvese quien pueda (y si no puedes salvarte, entonces tienes todo el derecho del mundo de morirte y no molestar al resto)”. Bárbaro, espeluznante. Una salvajada. Así titulé mi nota esa semana de Junio: “Scelenia: Salven al ‘País de las Malas Intenciones’”. La repercusión fue conmovedora.

El público se manifestó; en las calles se exigía la liberación de los Scelenos. La comunidad internacional presionó al límite a su líder. No hubo respuestas. Estaban condenados...

Publicado en “Memorias de un periodista”, de Gregorio Dagnino Ruiz, Scelenia 2078.

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(i) Este extracto de las memorias de Dagnino Ruiz tendrá su segunda parte este Martes, en este mismo Blog. Ahí sabremos qué pasó con Scelenia finalmente.

(ii) Las imágenes son de http://www.banksy.co.uk/