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no está bueno. Como describe Silvina Schuchner en su último
artículo sobre el tema, ser celíaco o padecer este tipo de cuestiones
relacionadas con el intestino y el sistema digestivo es realmente un problema.
Una vida “normal” parece difícil de ser llevada adelante y no se pueden hacer
las cosas que los “normales” hacen como ir a McDonald’s, comer tu torta de
cumpleaños o comer las pastas del domingo como hacían los Benvenutto. Y no
porque te quieras ver bien sino porque, si caés en la tentación, tu estómago te
lo va a recordar con muy poca amabilidad.
Ahora
bien, de su artículo y – sobre todo – de los comentarios que la nota tiene al
pie podemos extraer algunas interesantes ideas. La primera es que los alimentos
para celíacos cuestan más: “los productos cuestan entre tres y cinco veces más
que los comunes”. Por otro lado, que ese precio es “abusivo” y que, o se baja,
o alguien debe pagar la diferencia. Por ejemplo, una lectora comenta que “Sé
que pronto vamos a lograr que legislativamente nuestra enfermedad se cubra en
un 100% y que se acabe con el exceso abusivo de precios en los productos sin
TACC”. La autora, por su parte, comenta: “Hace dos semanas, el Ministerio de
Salud estableció que las obras sociales y prepagas deben pagar $215 de
cobertura para comprar harinas y premezclas”.
Evidentemente
es más caro comprar alimentos libres de gluten que alimentos “comunes”. Pero
pensemos lo siguiente: como empresario uno puede dedicarse a producir algo que se
espera que todo el mundo consuma (por ejemplo, hamburguesas de Mc Donalds’) y
que al fabricar en cantidades industriales se pueda reducir su costo unitario o
uno puede ponerse a producir algo que vaya dirigido a un público mucho menor. Muchísimo
menor. Entonces, ¿cómo puede compensar el empresario ese riesgo que está
asumiendo al enfocarse en un nicho en lugar de enfocarse en el consumo masivo?
Además,
debe decirse también que sin este “precio extra” no existirían dichos productos
especiales porque no habría incentivos para producirlos y, en consecuencia, los
celíacos tendrían que seguir sufriendo. En pocas palabras, entiendo que los
precios sean elevados, pero agradecidos
deberíamos estar de que, por lo menos, y gracias a esos precios elevados, esos
productos siquiera existan. Por último, esos precios son señales. Señales
que indican que allí hay “escasez”, con lo que será cuestión de tiempo para que
otros emprendedores ávidos de nuevas oportunidades de ganancia comiencen a
intentar satisfacer esas demandas. Así pasó con cosas tan básicas para la vida
como el abrigo a lo largo de los siglos, así sucederá con otras necesidades
humanas como los alimentos sin TACC.
Sin
embargo, la primera reacción siempre parece ser mirar para arriba. Se aspira
que el gobierno “haga algo” y ayude de alguna manera al grupo afectado, como si
el gobierno fuera un ente externo que pudiera simplemente crear el bienestar. Dado
que esto es imposible, lo único que sí puede hacer un gobierno es obligar.
Puede obligar a alguien a bajar su precio (Moreno), puede obligar a alguien
mediante impuestos a subsidiar a otros (Fútbol para Todos), o bien puede
obligar a las obras sociales a cubrir costos no estipulados en ningún contrato
preexistente.
Entonces
la pregunta es ¿cuán justo es este sistema? Claro que el fin de mejorar las
condiciones de los beneficiarios parecería alcanzarse, pero ¿estamos ante los
medios adecuados? ¿Podemos justificar la obligación de unos de proveer a otros
sin contraprestación? ¿Quién ha dicho que esto es “lo moralmente correcto”?
Podemos enojarnos y frustrarnos por tener que
vivir con una enfermedad misteriosa que cuesta diagnosticar y que implica
realizar una dieta de por vida. Es absolutamente comprensible que uno desee
respuestas YA, pero por urgente que sea una necesidad y un objetivo, no debemos
dejar nunca de lado la justicia en los medios para alcanzarlos.
