Imaginemos un negocio de venta
a la calle. Si un día aparece un delincuente armado y se lleva el dinero
recaudado del día, “los números” del comerciante mostrarán una pérdida total,
como si nadie hubiera pagado por que compró en el día. Gracias al robo, el
comerciante entregó bienes sin recibir nada a cambio. Otro fue beneficiario del
fruto de su esfuerzo.
Ahora supongamos que aparece
una persona que hace una compra por un valor de 10 pesos pero decide
unilateralmente pagar 5, cosa que consigue amenazando al comerciante con un
arma. ¿Estamos frente a un delincuente igual al del primer caso? En
gran parte sí. La única diferencia con el primer ladrón es que el segundo es un
ladrón al que le damos lástima y, aunque nos roba, también nos deja “unos mangos
para el bondi”.
Esta última situación
representa la cara más dramática del célebre “cepo” al dólar impuesto por el
gobierno de Fernández de Kirchner. Si bien también es condenable que no dejen a la gente
decidir qué hacer con el dinero que gana honestamente, lo más lamentable es lo
que se hace con cualquier ciudadano argentino que se dedique a la producción de
bienes o servicios exportables.
Si uno está “en blanco”, la
manera de cobrar luego de una venta al exterior es mediante el Banco Central. Es decir, si vendemos un producto al exterior por 10 dólares, el comprador
extranjero está obligado a entregar los dólares al Banco Central y este luego –
por fuerza de ley – entrega pesos al vendedor al tipo de cambio oficial. Ahora
bien, con el tipo de cambio oficial a 4 setentaypico, los exportadores están
recibiendo 5, cuando deberían recibir 10.
Su producto en el mercado vale
10 dólares y todos en el país están dispuestos a pagar más de 4,75 pesos por
cada dólar. De hecho, muchos están dispuestos a pagar más de 6 pesos por cada
dólar y nadie que no sea los específicamente autorizados por el gobierno puede
comprar dólares al precio oficial (al que el gobierno sí compra). Ergo, cuando a un
exportador le pagan arbitrariamente 4,75 pesos por cada dólar que recibe, le
están confiscando 33% de lo que produce. El Estado se comporta como el más
común de los ladrones, solo que a la víctima le deja unos mangos para el bondi.
Algunos acólitos oficialistas
dicen que el gobierno tiene derecho a manejar su “política cambiaria”, pero si
política cambiaria significa robo (y lástima), no se entiende que exista
alguien que persista en la defensa de esta política.
El robo está mal, acá y
en la China. Pero hacerlo con el aval de la ley, desde el estado, y bajo el paraguas
de la “política económica” es muchísimo más grave.